viernes, 23 de julio de 2010

PROTECCIÓN AL DIABÉTICO Federico Escobar Álvarez

La Asamblea Legislativa Plurinacional debe retomar la discusión y aprobar el proyecto de ley de protección al diabético, su discusión fue suspendida, en el antiguo Parlamento, por la oposición del Dr. Mamani quien manifestó “¿de qué privilegios gozan los diabéticos?”, recordemos de que si caminamos hacia un socialismo, el Estado está en la obligación de velar por la salud gratuita de todos y la asistencia con medicamentos y prótesis sin ningún costo. Ese proyecto de ley es el resultado de largos años de trabajo, basado en las experiencias de los diferentes clubes de diabéticos que funcionan a nivel departamental y nacional dirigidos por el Dr. Ronald Sánchez. Fue presentado a la Cámara de Diputados del anterior Parlamento por los honorables Sánchez, Colanzi y Herrada, truncado en su proceso por el mencionado funcionario con algún cargo relevante en el Ministerio de Salud.
Los diabéticos si tienen controlado sus niveles de azúcar en la sangre, están con más capacidad de enfrentar las complicaciones y las consecuencias de ésa enfermedad irreversible, que es un cáncer sin dolor. Desgraciadamente en nuestro medio hay gran cantidad de diabéticos que pierden sus miembros por complicaciones en la circulación vascular. Necesitan varios medicamentos siendo las más costosas la insulina y las prótesis. El proyecto de protección al diabético debe ser retomado para su aprobación, que entre otras cosas contempla la dotación gratuita de insulina, eso iría en contra del comercio, también las prótesis, los tratamientos de diferente índole entre las que se encuentra la hemodiálisis, demasiado cara además de la necesidad de un trasplante de riñón, amputaciones de miembros, el pie diabético y otras secuelas de manera gratuita, ventajas que no vio claramente el Dr. Mamani. Los bolivianos deberíamos hacer una galería con los retratos de toda esa gente que actúa equivocadamente en contra de sus semejantes. XXX

viernes, 16 de julio de 2010

EDUCAR PARA VIVIR BIEN Federico Escobar Álvarez

Sabemos que La educación y la instrucción escolar son fundamentales en el desarrollo, lo primordial es que esa educación brinde instrumentos que ayuden a solucionar los requerimientos en una coexistencia humana, sin antagonismos. En un país que cambia necesitamos una instrucción transformadora. Dar pasos que muestren, por lo menos en la forma, para que nuestra visión de patria se haga realidad. Hasta el momento la tendencia es realizar cambios educativos sin tomar en cuenta a los estudiantes, queremos reformar desde el punto de vista de estructuras que muchas veces son contrarias al crecimiento humano, por ejemplo aun no concebimos el “año escolar” sin sus doscientos días hábiles de trabajo, con eficiencia. No forjamos la manera de tener las vacaciones finales en los meses de intenso frío y comenzar las clases en agosto, en lugar de hacerlo por tradición colonial en febrero. Así no sacrificamos a los alumnos con su permanencia en aulas frígidas y pasando clases aún a oscuras, por los días cortos del invierno.
Todo es cuestión de voluntad y obrar en función del sujeto de la enseñanza/aprendizaje. Hablamos encasillándonos en teorías alejadas de las diversas realidades. Por ejemplo existen colegios donde pregonan principios muy bonitos pero el horario se hace en base a la ocupación en otros colegios de los docentes y no así de las necesidades del alumnado. La educación tiene que lograr personas que alcancen el bien común, gente que piense más en servir a sus semejantes, personas con habilidades para solucionar positivamente los desafíos de la vida, líderes que no limiten sus iniciativas al bloqueo o a la huelga de hambre para logar satisfacer sus necesidades.
Es necesario comenzar el cambio con la parte formal, para luego cambiar el fondo. Hay trabajos sobre el tema que probablemente estén archivados en los anaqueles de gente con buena voluntad pero que por razones políticas no plasman en realidad. XXX

miércoles, 14 de julio de 2010

LOS AMPARA LA CPE Federico Escobar Álvarez

La marcha de originarios del oriente a La Paz es incómoda para el Gobierno, razón por la que tratan de desacreditarla. Varios pedidos de los marchistas están dentro el marco de la Constitución Política del Estado, a los promotores de la Asamblea Constituyente no se les ocurrió medir resultados futuros, está sucediendo una de las consecuencias. El artículo 30 de la CPE en todos sus incisos desdice con claridad las declaraciones del Ministro de Autonomías, especialmente la que señala “a la libre determinación y territorialidad” (CPE Art.30, II, 4), conviene leer todo el capítulo cuarto.
No pudieron demostrar que la caminata estaba financiada por USAID, ahora acusan a “la derecha” y probablemente sigan inventando razones para aminorar su impacto social. Las leyes son iguales para todos, sin “medir” una “peligrosidad” coyuntural.
No estamos en contra o a favor de determinada movilización o del proceso de cambio que pretenden imprimir desde la “revolución democrática”, sino de aplicar la Constitución nos guste o no. Sin inclinar la balanza al lado del poder instituido. Si trabajaran por el bienestar de los bolivianos disminuirían las movilizaciones sociales.
Los políticos “opositores” y “oficialistas” ingresaron en la espiral de distracciones para apartarnos de los problemas reales que aqueja a los bolivianos. Siguen las amenazas y la cacería de opositores con cualquier motivo sin que exista similar persecución para quienes delinquen contra la humanidad, muy pocos son quienes realizan un control social adecuado al accionar del Gobierno, especialmente al manejo de los “gastos reservados” y los cheques venezolanos. No hay rendición de cuentas al pueblo boliviano, en lugar de desprestigiar una marcha deben realizar gestión de Estado. Es prudente que gobernantes y políticos comiencen a actuar con coherencia, acorde a la legalidad vigente en el país, sin propaganda que atropelle la verdad. XXX

TIENEN DERECHOS Federico Escobar Álvarez

Con declaraciones de funcionarios de gobierno, del CONAMAQ y las amenazas de los cocaleros, los pueblos originarios del oriente sufren el marginamiento y se enfrentan con la cruda realidad de que fueron utilizados para lograr apetitos electorales y nada más. En cuanto los originarios exigieron el permiso de exploración de petróleo por compañías venezolanas en el Norte de La Paz, comenzó la discriminación. “Hay comunidades de solo mil habitantes” y otros argumentos que tratan de descalificar la marcha de los pueblos del oriente cuyas tierras se ven amenazas por los arboricidas, petroleros y otros.
Pareciera que todo tiene que favorecer al Gobierno y no al pueblo, por muy pequeño que sea. Los cocaleros casi tienen saneados sus propiedades, pero no así las naciones reconocidas por la Constitución Política del Estado. Muchos leyeron la CPE pero no la entienden, incluyendo a muchos que elaboraron dicha Constitución, que costó vidas y enfrentamientos entre bolivianos profundizando la división en el país. Es importante que los gobernantes dejen de viajar y bajen a dialogar con ésos pueblos y atiendan sus necesidades.
Toda verdad es calificada de “injerencia norteamericana” o “acciones de la derecha”. La verdad, no tiene color partidario. No solo lo que favorece al Gobierno es “bueno” y todo lo que emerge de una supuesta oposición es malo. La Ley debe ser igual para todos.
El ser humano, aun en la minoría merece el respeto por la dignidad de mujer u hombre, las autoridades no pueden minimizar esas acciones. Ante las amenazas de los cocaleros de que no permitirán el paso de los marchistas por “su territorio” el Gobierno está en la obligación de disuadir esa postura y hacer comprender a esos señores el derecho al disenso y las manifestaciones por mejorar su calidad de vida. XXX