LOS AMPARA LA CPE Federico Escobar Álvarez

La marcha de originarios del oriente a La Paz es incómoda para el Gobierno, razón por la que tratan de desacreditarla. Varios pedidos de los marchistas están dentro el marco de la Constitución Política del Estado, a los promotores de la Asamblea Constituyente no se les ocurrió medir resultados futuros, está sucediendo una de las consecuencias. El artículo 30 de la CPE en todos sus incisos desdice con claridad las declaraciones del Ministro de Autonomías, especialmente la que señala “a la libre determinación y territorialidad” (CPE Art.30, II, 4), conviene leer todo el capítulo cuarto.
No pudieron demostrar que la caminata estaba financiada por USAID, ahora acusan a “la derecha” y probablemente sigan inventando razones para aminorar su impacto social. Las leyes son iguales para todos, sin “medir” una “peligrosidad” coyuntural.
No estamos en contra o a favor de determinada movilización o del proceso de cambio que pretenden imprimir desde la “revolución democrática”, sino de aplicar la Constitución nos guste o no. Sin inclinar la balanza al lado del poder instituido. Si trabajaran por el bienestar de los bolivianos disminuirían las movilizaciones sociales.
Los políticos “opositores” y “oficialistas” ingresaron en la espiral de distracciones para apartarnos de los problemas reales que aqueja a los bolivianos. Siguen las amenazas y la cacería de opositores con cualquier motivo sin que exista similar persecución para quienes delinquen contra la humanidad, muy pocos son quienes realizan un control social adecuado al accionar del Gobierno, especialmente al manejo de los “gastos reservados” y los cheques venezolanos. No hay rendición de cuentas al pueblo boliviano, en lugar de desprestigiar una marcha deben realizar gestión de Estado. Es prudente que gobernantes y políticos comiencen a actuar con coherencia, acorde a la legalidad vigente en el país, sin propaganda que atropelle la verdad. XXX