AUTORIDADES DISCRIMINADORAS Federico Escobar Álvarez

El artículo cinco de la Ley cuarenta y cinco define la discriminación como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en… profesión, ocupación…” Desde esa definición el Gobierno es sorprendido en pleno acto de incumplimiento de esta nueva ley y de la Constitución Política del Estado, especialmente cuando incrementa a los trabajadores de YPFB casi en un 70 por ciento, a un sector de mineros leales más del 20%, discriminando a los maestros y otros sectores de mineros, salud y otros con un 11% y a los jubilados con un 5% montos que no significan nada en personas que tienen 400 u ochocientos bolivianos como ingreso mensual. ¿Habrá algún fiscal que sancione ese acto flagrante de discriminación? Hasta la pregunta es ingenua. Nuestras leyes parecieran servir para destruir e inhabilitar a los opositores cuando los oficialistas transgreden nuestras normas se aplica la ley del embudo siendo permisible para los oficialistas y bastante estrecha para cualquier opositor. Podemos tener las leyes más avanzadas, pero con una aplicación muy retrasada, como dirían los viejos juristas “hecha la ley, hecha la trampa”. Pueden dictarse o derogarse leyes, el meollo del asunto es el cumplimiento de las mismas y de los organismos coercitivos que ayuden en su aplicación. Las leyes en Bolivia la compararon con las telas de araña, donde solo los bichos débiles son atrapados porque los fuertes salen airosos de cualquier infracción. Eso pasará sin duda alguna con los gobernantes discriminadores, tendrán todo un ejército voluntarioso para encontrar los fundamentos para una “discriminación positiva”, muy usada en la sicología social, para justificar esos incrementos discriminadores y podríamos afirmar que existe algo de racismo, inequidad de género y generacional, incluyendo delitos hasta de misoginia muy bien disfrazado, porque la mujer para mucho de nuestros gobernantes es solo un aparato reproductor de la especie aunque su discurso diga lo contrario.
Nos da la sensación que seguimos en la vieja escuela de elaborar leyes para incumplirlas, es el deporte favorito en nuestro país, que pareciera generar bienestar y éxito a quienes actúan al margen de ley. Eso debería cambiar en el “proceso de cambio” que vivimos apoyados por más de la mitad de la población ciudadana. Los cambios en materia judicial deben ser radicales y con jueces probos ajenos e independientes del Órgano Ejecutivo, porque hasta el momento vemos a las claras que algunos de los administradores de justicia inclinaron la balanza de la diosa Themis hacia el lado de los gobernantes de turno. Si nos equivocamos que nos lo demuestren llevando a un juicio por discriminación a los mandatarios que ordenaron el incremento discriminador a dos sectores productivos. XXX